La desaparición forzada ha tomado la forma de políticas estatales o de un patrón de comportamiento consistente de actores públicos y privados en las Américas. Disentir, alzar la voz para reclamar derechos, habitar una zona de guerra o con presencia del crimen organizado, migrar sin los documentos que requieren los países de tránsito y destino, entre muchas otras razones, han sido utilizadas para justificar lo inexcusable: la extracción de una persona de la protección de la ley y el ocultamiento de su suerte y paradero a sus familiares, seres queridos y comunidades. La desaparición forzada es una violación grave de derechos humanos que genera impactos extremadamente negativos en la persona sujeta de desaparición y en su familia, seres queridos y comunidad que, ante la incertidumbre, en muchas ocasiones activan sus redes de
cuidado, apoyo y afecto para buscarla.
En las Américas, esta búsqueda ha sido liderada y protagonizada mayoritariamente por las mujeres, quienes se han organizado en colectivos y organizaciones.
