El gobierno del presidente Trump no está protegiendo adecuadamente a las personas que están detenidas por motivos de inmigración durante la emergencia de salud pública del COVID-19, afirma hoy Amnistía Internacional en su nuevo informe, “Estamos a la deriva, a punto de naufragar”: El inminente desastre del COVID-19 en los centros de detención de inmigración de Estados Unidos

Estados Unidos tiene el mayor sistema de detención por motivos de inmigración del mundo: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantiene recluidas a casi 40.000 personas en más de 200 centros de todo el país. Personas detenidas en varios centros de detención del ICE han iniciado huelgas de hambre para exigir su libertad y protestar por las condiciones peligrosas e inadecuadas de higiene y saneamiento.

“Hoy en día, la salud y la seguridad de cada persona está ligada a la de las demás. Estados Unidos ha confirmado más casos de COVID-19 que ningún país del mundo, pero el ICE sigue sin adoptar medidas eficaces para evitar la pandemia en los centros de detención de inmigración de todo el país, poniendo así en peligro la seguridad de todos y todas”, ha declarado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“El hecho de que el ICE mantenga detenidas innecesariamente a decenas de miles de personas supone una enorme amenaza para la salud pública. Mantener detenida a una persona durante una pandemia mundial únicamente por motivos relacionados con la inmigración es un acto cruel, irresponsable y letal. El ICE debe ofrecer urgentemente alternativas a la detención y conceder la libertad condicional por razones humanitarias a las personas detenidas por motivos de inmigración, excepto en aquellos casos realmente excepcionales en que sea necesario que la detención continúe.”

El ICE y sus centros de detención no han proporcionado de forma adecuada jabón ni desinfectante a las personas recluidas en ellos, ni han introducido prácticas de distancia social. El ICE tampoco ha interrumpido los traslados innecesarios de personas entre sus centros en interés de la salud pública, y ha seguido con el transporte habitual de miles de personas en sus instalaciones. La detención innecesaria y punitiva de personas por parte del ICE, que únicamente se basa en su condición de migrantes y solicitantes de asilo, constituye maltrato y negación discriminatoria del derecho a la salud. El ICE tiene la obligación de conceder la libertad condicional por razones humanitarias a las personas detenidas por motivos de inmigración antes de que más personas bajo su custodia contraigan la COVID-19. Hasta ahora, este organismo no ha adoptado ni siquiera las medidas mínimas necesarias para proteger la salud pública dentro y alrededor de su extensa red de centros.

Mientras restaba importancia al peligro de brotes de COVID-19 en sus centros de detención, el ICE ha ocultado e infravalorado el número de personas detenidas que pueden haber estado expuestas al coronavirus o contraído la COVID-19, ocultando información vital sobre posibles brotes a las personas detenidas, sus abogados y abogadas y la opinión pública. Amnistía Internacional ha recibido informes coincidentes de presuntos casos de COVID-19 y confinamientos en varios centros del ICE, de cuya situación sanitaria los responsables de este organismo se han negado a hablar, según afirmaron abogados y abogadas, que denuncian también que carecen de información sobre el peligro existente en los centros del ICE, y que a las personas que están siendo monitoreadas por COVID-19 a menudo no se les practica la prueba de detección de la enfermedad. El personal y los empleados/as del ICE que participan en las actividades de este organismo corren considerable peligro de contraer la COVID-19, que después pueden transmitir a las personas detenidas, así como a sus comunidades locales.

Las personas que padecen patologías previas —incluidas las inmunodeprimidas debido al VIH— han brindado a través de sus abogados y abogadas preocupantes testimonios sobre atención sanitaria deficiente y condiciones inadecuadas. Estas peligrosas condiciones —por ejemplo, que el personal médico no les proporcione los medicamentos antirretrovirales para el VIH, o que no se atiendan sus peticiones de desinfectante de manos y mascarillas— aumentan su riesgo de contraer la COVID-19 y enfermar gravemente o morir.

Mientras la pandemia iba extendiéndose por todo Estados Unidos desde enero, el ICE continuaba recibiendo y deteniendo familias en sus centros residenciales familiares, algunas de ellas ya con síntomas de la enfermedad, según abogados y abogadas. En el centro Dilley el personal del ICE y de GEO Group no proporcionó a las personas detenidas formación sobre la COVID-19, desinfectante de manos ni artículos de protección o limpieza, a pesar de que algunas padecían patologías previas. El personal del centro no realizó las pruebas de la COVID-19 a las personas detenidas ni tenía previsto hacerlo.

Una mujer de Honduras, embarazada y solicitante de asilo con su hija de 4 años, describió su temor de contraer la COVID-19 y morir debido a las condiciones y la atención inadecuadas del centro Dilly: […] No puedo guardar una distancia suficiente con otras personas para evitar contraer el virus si lo tienen.” Debo estar cerca de la gente todo el tiempo. Comparto el cuarto, el baño y el comedor. En esta cárcel todos los espacios son comunes.”

El personal del centro Karnes del ICE tampoco ha tenido acceso a pruebas de COVID-19 ni ha seguido las normas de salud pública de Estados Unidos para evitar la propagación de la enfermedad. Casi todas las familias denunciaron que lo habitual era que la atención médica fuera deficiente, no adecuada ni siquiera para solventar un dolor de cabeza o un resfriado común. En el centro había muchos padres, madres y menores enfermos con síntomas parecidos a los de un resfriado: tos, congestión y fiebre, y muchos miembros del personal mostraban síntomas similares. El personal no siempre se ponía mascarilla ni practicaba la distancia social.

Amnistía Internacional pide al ICE que ofrezca urgentemente alternativas a la detención y conceda la libertad condicional por razones humanitarias a las personas detenidas por motivos de inmigración, excepto en aquellos casos realmente excepcionales en que sea necesario que la detención continúe. El ICE debe dar prioridad a las personas de mayor edad, las que tienen patologías previas y las que corren mayor peligro si contraen la COVID-19. Además, el ICE debe poner en libertad de inmediato a todos los niños, niñas y familias que están detenidas en sus centros de detención de inmigración, y el Congreso de Estados Unidos debe efectuar una supervisión pública que garantice que el DHS aplica sus facultades para conceder la libertad condicional al mayor número de personas posibles detenidas en centros del ICE. Amnistía Internacional insta a los gobernadores y gobernadoras de los estados y a las autoridades locales que utilicen sus facultades para ordenar a los centros de detención de inmigración y las prisiones locales y de condado que reduzcan sustancialmente su ocupación.

Información general y contexto

El 24 de marzo, Amnistía Internacional publicó unas directrices para que los gobiernos de las Américas adopten respuestas respetuosas con los derechos humanos ante la COVID-19. El 17 de marzo, Amnistía Internacional y otras organizaciones asociadas pidieron a los 11 gobernadores y gobernadoras de Estados Unidos cuyos estados albergan a la mayoría de las personas detenidas en el país por motivos de inmigración que utilicen sus facultades en el marco de la salud pública y la concesión de permisos para ordenar a los centros de detención de inmigración y las prisiones locales y de condado que reduzcan sustancialmente su ocupación.

El 31 de marzo de 2020, los cuatro principales órganos de la ONU sobre derechos humanos, salud mundial y personas migrantes y refugiadas emitieron una declaración conjunta pidiendo que las personas migrantes y solicitantes de asilo detenidas por motivos de inmigración en condiciones de hacinamiento y falta de higiene fueran puestas en libertad sin demora. Además, pidieron también la libertad inmediata de todos los niños y niñas y sus familias, así como de las personas detenidas sin suficiente base jurídica.

Para más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con:

Carlos Mendoza (Amnistía Internacional Américas): +52 55 4145 7003, carlos.mendoza@amnesty.org
Mariya Parodi (Amnistía Internacional Estados Unidos): media@aiusa.org
Más información:

“Estamos a la deriva, a punto de naufragar”: El inminente desastre de la COVID-19 en los centros de detención de inmigración de Estados Unidos (informe de investigación, 7 de abril de 2020) https://www.amnesty.org/es/documents/amr51/2095/2020/es/

Américas: Los gobiernos deben poner fin a las detenciones peligrosas y discriminatorias de migrantes y solicitantes de asilo (noticia, 2 de abril de 2020) https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/04/americas-halt-dangerous-discriminatory-detention-migrants-asylum-seekers/

Américas: Derechos humanos. Lo que las autoridades deben y no deben hacer al implementar medidas de salud pública (investigación, 24 de marzo de 2020).
https://www.amnesty.org/es/latest/research/2020/03/americas-at-a-crossroads-in-response-to-covid19/

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“El gobierno del presidente López Obrador ha mostrado voluntad por avanzar parcialmente en algunas iniciativas, sobre todo en el tema de desapariciones en el país. Sin embargo, después de un año de su gobierno, no se observan cambios substanciales en la vida de millones de personas que enfrentan una gravísima crisis en materia de derechos humanos que se ha prolongado por más de una década. Los altísimos niveles de violencia que atentan contra el derecho a la vida, la tortura que aún es generalizada, los alarmantes índices de violencia contra las mujeres, y una estrategia de seguridad militarizada más viva que nunca, son una muestra de la trágica realidad en México,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

En agosto, el gobierno anunció un paso positivo al confirmar que México reconocería la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU para revisar las comunicaciones sobre casos individuales, dando así solución a una de las reiteradas demandas de familiares de personas desaparecidas y de las organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, esta medida aún no ha sido implementada.

“Vemos una incongruencia abismal entre lo que el gobierno dice y lo que luego hace. Promete un trato más humano a las personas migrantes y en necesidad de protección internacional, pero manda a la Guardia Nacional a perseguirles y detenerles. Dice que protegerá a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pero les desacredita públicamente. Es preocupante que las violaciones de derechos humanos sigan siendo la regla en México y no la excepción”, añadió Erika Guevara Rosas.

El gobierno del presidente López Obrador no se ha alejado sustancialmente de la estrategia de seguridad altamente militarizada de sus predecesores, se ha negado a reconocer a la tortura como práctica generalizada y ha endurecido la gestión migratoria del país. Asimismo, ha restringido indebidamente y puesto en riesgo el ejercicio de la libertad de reunión pacífica y ha estigmatizado consistentemente a periodistas y a las organizaciones de la sociedad civil que han criticado sus políticas, manteniendo un ambiente hostil en contra de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos y sus organizaciones.

Por otra parte, la violencia por motivos de género contra las mujeres y las niñas sigue siendo generalizada en México. Las políticas estatales y los avances legislativos han sido insuficientes para atender el creciente número de homicidios, desapariciones y otras graves violaciones a los derechos humanos en contra de mujeres y niñas en todo el país. A pesar de que el gobierno dio un paso positivo en septiembre, cuando presentó una iniciativa de ley que preveía una amnistía para mujeres que hubieran abortado, aún falta mucho por garantizar los derechos sexuales y reproductivos en todo el país.

“Aún quedan muchos pendientes en materia de violencia de género. El más urgente de ellos es erradicar los feminicidios. De enero hasta el 30 de septiembre de este año, se reportaron 748 víctimas de feminicidio en México, con un promedio mensual de casos al alza. No se distinguen, ni en el corto, ni en el mediano plazo, medidas concretas que permitan superar la renuencia a investigar de manera correcta los casos de feminicidio y acabar con la impunidad”, declaró Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.

Amnistía Internacional considera que, para poder lograr un cambio sustancial en derechos humanos, el gobierno tiene que dejar de culpar a las administraciones anteriores de la situación y, en su lugar, aceptar la responsabilidad de lo que sucede en el presente y buscar soluciones para atender las graves deudas pendientes en la materia, asegurándose que cualquier política de la actual administración tenga a los derechos humanos y sus obligaciones internacionales como un eje fundamental.

Algunas de las recomendaciones que hace la organización al gobierno del presidente López Obrador incluyen desmilitarizar la Guardia Nacional; desarrollar una política pública integral de prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas con enfoque colectivo y comunitario; poner fin a las prácticas ilegales de devolución de migrantes en situación irregular, asegurando el acceso al asilo para personas cuya vida está en riesgo; y llevar a cabo investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre los asesinatos de mujeres por motivos de género.

Otros temas que el gobierno debe abordar de forma urgente incluyen los derechos de los pueblos indígenas y la protección de sus territorios, la situación de violencia que enfrentan las personas LGBTI, el acceso a derechos sexuales y reproductivos, y el ejercicio de derechos sociales y económicos.

“El gobierno del presidente López Obrador tiene un mandato robusto y una oportunidad histórica para cambiar el rumbo del país. Le urgimos a asumir el reto de establecer una nueva etapa en la historia del país de respeto para los derechos humanos de todas las personas”, dijo Tania Reneaum Panszi.

Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con:

Alejandro Juárez (Amnistía Internacional México): +52 55 3121 9146, prensa@amnistia.org.mx

Duncan Tucker (Amnistía Internacional Américas): +52 55 4848 8266, duncan.tucker@amnesty.org

Más información:

Cuando las palabras no bastan (Investigación, 27 de noviembre de 2019) https://www.amnesty.org/es/documents/amr41/1126/2019/es/

México: A casi un año del nuevo gobierno, las familias de Ayotzinapa siguen esperando justicia (Noticias, 24 de septiembre de 2019) https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/09/mexico-familias-de-ayotzinapa-siguen-esperando-justicia/

México: Gobierno de López Obrador debe poner como prioridad los derechos humanos (Noticias, 12 de marzo de 2019) https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/03/mexico-gobierno-de-lopez-obrador-debe-poner-como-prioridad-los-derechos-humanos/

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