Ante la iniciativa de reforma constitucional impulsada por las autoridades nicaragüenses para ampliar el mandato presidencial y excluir de manera permanente de los procesos electorales a personas calificadas por el gobierno como “traidoras” o “golpistas”, Amnistía Internacional advierte que estas medidas representan un nuevo paso en el desmantelamiento del derecho de las personas nicaragüenses a participar en los asuntos públicos de su país.  

El derecho de todas las personas a participar en la dirección de los asuntos públicos, incluido el derecho a votar y ser elegidas sin restricciones indebidas en elecciones auténticas, está reconocido en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Nicaragua sigue obligada por este tratado y no puede eliminar o restringir arbitrariamente estos derechos. 

“Esta reforma electoral es un intento por consolidar un sistema en el que el Estado arbitrariamente decide quién puede ejercer un derecho humano fundamental y quién queda excluido de él por motivos políticos.”, señaló Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. 

Esta reforma electoral es un intento por consolidar un sistema en el que el Estado arbitrariamente decide quién puede ejercer un derecho humano fundamental y quién queda excluido de él por motivos políticos.”Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. 

La reforma fue presentada tras las declaraciones realizadas por el copresidente Daniel Ortega durante un acto conmemorativo el 19 de julio, en donde afirmó que “aquí no volverá a haber elecciones”, marcando el inicio de un proceso para incorporar estas restricciones al ordenamiento jurídico del país.  

Estas medidas se suman a un proceso sostenido de concentración del poder y cierre del espacio cívico que se intensificó desde la represión de las protestas de 2018, en las que, según organizaciones de la sociedad civil y mecanismos regionales y universales de protección de derechos humanos, más de 300 personas fueron asesinadas. Desde entonces, las autoridades han cancelado la personalidad jurídica de más de 5.000 organizaciones de la sociedad civil, cerrado medios de comunicación independientes y despojado arbitrariamente de su nacionalidad a personas consideradas opositoras, periodistas y defensoras de derechos humanos, dejando a muchas en situación de apatridia y obligando a muchas otras a exiliarse. 

Lejos de revertir este deterioro, las autoridades han continuado el desmantelamiento del Estado de derecho e ignorando sistemáticamente las recomendaciones formuladas por los mecanismos internacionales de derechos humanos. En 2025 promovieron una reforma constitucional que eliminó la separación de poderes y subordinó los órganos legislativo, judicial y electoral a la Presidencia. 

Recientemente, en julio de 2026, cientos de profesionales del derecho fueron despojados de sus licencias para ejercer, en lo que expertos de la ONU calificaron como una purga de la profesión jurídica que deja a las víctimas de la represión prácticamente sin acceso a una defensa independiente. 

“Detrás de cada organización cancelada, cada licencia revocada y cada persona despojada de su nacionalidad hay alguien a quien el Estado le arrebató la posibilidad de expresarse, organizarse y decidir sobre el futuro de su país. Esto es lo que este anuncio pretende convertir en ley”, añadió Ana Piquer. 

Detrás de cada organización cancelada, cada licencia revocada y cada persona despojada de su nacionalidad hay alguien a quien el Estado le arrebató la posibilidad de expresarse, organizarse y decidir sobre el futuro de su país. Esto es lo que este anuncio pretende convertir en ley.”Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. 

Amnistía Internacional insta a las autoridades nicaragüenses a abstenerse de adoptar cualquier ley o reforma dirigida a eliminar o restringir indebidamente el derecho de las personas a participar en los asuntos públicos de su país. 

Las autoridades deben garantizar la celebración de elecciones periódicas y auténticas, mediante sufragio universal y en condiciones que aseguren la libre expresión de la voluntad del electorado, de conformidad con el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También deben poner fin a todas las represalias contra quienes ejercen o promueven ese derecho, incluidas las restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica que imposibilitan una participación cívica y política efectiva. 

La organización también pide al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a sus Estados miembros que garanticen que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua dé seguimiento específico a las medidas legislativas presentadas y a sus impactos. 

Asimismo, solicita a los demás Estados que no reconozcan ni normalicen la supresión de este derecho como una decisión soberana de carácter interno, y que planteen la situación en todos los foros multilaterales pertinentes, exigiendo que Nicaragua cumpla con todas las obligaciones vinculantes que le corresponden en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, especialmente aquellas que asumió voluntariamente. 

Amnistía Internacional dará seguimiento y analizará las reformas propuestas y documentará sus impactos sobre los derechos de las personas nicaragüenses que viven en país y de quienes se encuentran en el exilio. 

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Ante el anuncio de la muerte de Brooklyn Rivera, líder indígena miskitu y preso de conciencia, Ana Piquer, Directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló: 

“Brooklyn Rivera no debió morir bajo custodia del Estado nicaragüense. Su muerte se produjo tras el empeoramiento de su estado de salud mientras se encontraba en detención arbitraria. Durante este tiempo, las autoridades lo mantuvieron sin paradero confirmado, sin acceso a su familia ni a defensa de confianza y sin supervisión independiente que verificara su situación.  Amnistía Internacional advirtió reiteradamente que esas circunstancias ponían en riesgo su integridad personal y su vida. Hoy, esas advertencias se han materializado en una muerte que el Estado debe explicar.” 

“Brooklyn Rivera no debió morir bajo custodia del Estado nicaragüense. Su muerte se produjo tras el empeoramiento de su estado de salud mientras se encontraba en detención arbitraria. Durante este tiempo, las autoridades lo mantuvieron sin paradero confirmado, sin acceso a su familia ni a defensa de confianza y sin supervisión independiente que verificara su situación.” Ana Piquer, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Este grave hecho no puede quedar en el silencio ni en la impunidad.  Bajo los estándares internacionales de derechos humanos, todas muertes bajo la custodia del estado tienen que ser investigada porque pueden constituir muertes ilícitas y, por lo tanto, una violación del derecho a la vida. Hacemos un llamado urgente a los gobiernos de la región y a los mecanismos internacionales de protección a exigir rendición de cuentas al Estado nicaragüense y realizar una investigación con prontitud, y de manera efectiva, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente que esclarezca las circunstancias de esta muerte potencialmente ilícita. Hoy más que nunca, también deben intensificar sus acciones en favor de las personas que continúan en prisión por motivos políticos bajo condiciones similares a las que estuvo sometido Rivera. Sus vidas están bajo un enorme peligro.” 

“Las autoridades nicaragüenses tienen la obligación de proporcionar a la familia de Brooklyn Rivera acceso inmediato y sin restricciones a toda la información relacionada con su detención, las condiciones en las que permaneció privado de su libertad, y las circunstancias de su muerte. Asimismo, deben garantizar la entrega digna de sus restos para que pueda recibir sepultura conforme a sus deseos, respetando su identidad como líder indígena miskitu y las tradiciones de su pueblo. Cualquier demora, ocultamiento de información o represalia contra su familia agravaría la responsabilidad estatal sobre este hecho. La familia de Brooklyn Rivera tiene derecho a la verdad.” 

Las autoridades nicaragüenses deben garantizar la entrega digna de sus restos para que pueda recibir sepultura conforme a sus deseos, respetando su identidad como líder indígena miskitu y las tradiciones de su pueblo. La familia de Brooklyn Rivera tiene derecho a la verdad.”  Ana Piquer, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

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En respuesta a la declaración emitida por autoridades nicaragüenses sobre el estado crítico de salud del líder indígena y preso de conciencia Brooklyn Rivera, César Marín, Director de Campañas para las Américas de Amnistía Internacional señaló: 

“Brooklyn Rivera debe ser liberado inmediata e incondicionalmente. Su estado crítico de salud bajo custodia del Estado nicaragüense confirma el riesgo extremo al que ha sido expuesto tras más de dos años de desaparición forzada, detención arbitraria, incomunicación y falta de acceso regular a su familia, defensa de confianza y supervisión independiente.» 

Brooklyn Rivera debe ser liberado inmediata e incondicionalmente. Su estado crítico de salud bajo custodia del Estado nicaragüense confirma el riesgo extremo al que ha sido expuesto tras más de dos años de desaparición forzada, detención arbitraria, incomunicación y falta de acceso regular a su familia, defensa de confianza y supervisión independiente.” César Marín, Director de Campañas para las Américas de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional ha advertido reiteradamente que las condiciones en las que Brooklyn Rivera ha permanecido detenido podían poner gravemente en riesgo su vida e integridad. Hoy, esas advertencias se materializan en una situación de extrema urgencia que el gobierno ya no puede ocultar. 

“Mientras Brooklyn Rivera continúe privado de libertad, las autoridades nicaragüenses deben garantizar de inmediato el acceso regular de su familia y poner fin a su condición de incomunicación. Asmismo, deben de garantizar que reciba toda la atención médica que requiere, permitir una evaluación médica independiente y facilitar la supervisión de mecanismos internacionales de protección. La comunidad internacional debe actuar con urgencia y presionar al Estado nicaragüense para garantizar su liberación y, de forma inmediata, proteger su vida e integridad.” 

 La comunidad internacional debe actuar con urgencia y presionar al Estado nicaragüense para garantizar su liberación y, de forma inmediata, proteger su vida e integridad.” Cesar Marín, Director de Campañas para las Américas de Amnistía Internacional.

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Ante la persistente falta de información sobre el paradero, estado de salud y condiciones de detención del preso de conciencia Brooklyn Rivera, Amnistía Internacional declaró:  

“Mantener detenido a Brooklyn Rivera sin información sobre su paradero y estado de salud, y sin acceso a familiares ni abogados engrosa las ya gravísimas violaciones de derechos humanos que está padeciendo. Las autoridades nicaragüenses tienen la obligación de demostrar sin demora que se encuentra con vida y garantizar que se respetan plenamente sus derechos”, declaró Astrid Valencia, Directora Adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. 

Las autoridades nicaragüenses tienen la obligación de demostrar sin demora que se encuentra con vida y garantizar que se respetan plenamente sus derechos.”Astrid Valencia, Directora Adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. 

Amnistía Internacional ha denunciado de manera reiterada el aparato represivo del gobierno de Daniel Ortega, que ha sumido al país en una profunda crisis de derechos humanos evidenciada en el  desmantelamiento de medios de comunicación independientes y organizaciones de derechos humanos, el envío forzado al exilio a cientos de periodistas y personas activistas, y la criminalización de personas defensoras de derechos humanos, lideres comunitarios y voces críticas.  

“La falta de transparencia en torno a la detención de Brooklyn Rivera confirma un patrón más amplio de represión contra líderes indígenas, voces críticas y organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua. Él y todas las personas detenidas solo por ejercer sus derechos humanos deben gozar de libertad de forma inmediata e incondicional,” concluyó Valencia. 

La falta de transparencia en torno a la detención de Brooklyn Rivera confirma un patrón más amplio de represión contra líderes indígenas, voces críticas y organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua.”Astrid Valencia, Directora Adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. 

Las detenciones arbitrarias, el hostigamiento contra cualquier persona que disiente sobre las políticas estatales o es percibida como opositora, incluyendo líderes indígenas como Brooklyn Rivera, evidencian la continuación de un patrón de represión destinado a silenciar cualquier tipo de disidencia y continuar consolidando el control estatal arbitrario y desmedido mediante el miedo.  Según el reciente informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, declaró que al menos 46 personas permanecen detenidas por motivos políticos en Nicaragua, lo que demuestra que el caso de Brooklyn Rivera forma parte de un patrón sistemático de persecución. 

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