“La prolongada detención previa al juicio de Gao Zhen y, finalmente, la decisión de declararlo culpable y condenarlo a la pena máxima de tres años para este delito revelan la intención de las autoridades de disuadir a otras personas de ejercer la expresión artística independiente.

Ningún artista debería ser objeto de sanciones penales por crear obras que cuestionan la narrativa oficial o promueven una reflexión crítica sobre la historia.

Este juicio pone de manifiesto cómo unas leyes de amplia definición y basadas en motivos políticos se utilizan —o peor, se aplican retroactivamente como en este caso— para silenciar a artistas, activistas y otras personas que se atreven a expresar opiniones discrepantes con las del gobierno chino”.

La acción represiva de las autoridades se extiende más allá del propio Gao Zhen. Según informes, su esposa y su hijo sufren acoso e intimidación y no han podido irse de China desde su detención, a pesar de que no se los acusa de ningún delito.

Brooks añade: “Tomar represalias contra los miembros de la familia de Gao Zhen es una táctica profundamente preocupante y constituye una forma de castigo colectivo.

Gao Zhen debe quedar en libertad inmediata e incondicional, su sentencia condenatoria ha de ser anulada y todos los cargos en su contra deben ser retirados. El hostigamiento y las amenazas contra la familia de Gao Zhen deben terminar, y se debe permitir a su esposa e hijo que abandonen el país libremente.

Las autoridades chinas deben derogar la ley sobre héroes y mártires si no pueden garantizar su compatibilidad con las normas internacionales de derechos humanos, y poner fin a la criminalización de la expresión pacífica y la creación artística”.

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Gao Zhen, artista chino con la residencia permanente en Estados Unidos, fue detenido en agosto de 2024 como sospechoso del delito de “atentar contra la reputación y el honor de héroes y mártires”. Los cargos están relacionados con obras artísticas —que se remontan a una década o más— que, según afirman las autoridades, insultan a figuras revolucionarias.

El 25 de agosto de 2026, el Tribunal Popular Municipal de Sanhe, en la provincia de Hebei, le impuso tres años de prisión, que habrá cumplido el 25 de agosto de 2027. Gao Zhen ha decidido recurrir el fallo condenatorio y la pena.

Gao Zhen forma parte de Gao Brothers, dúo artístico de renombre internacional por sus obras de arte contemporáneo que analizan la historia de China, el poder del Estado y el cambio social.

También existe preocupación por su salud y bienestar en prisión. Gao Zhen, que ya tiene 70 años, al parecer sufre múltiples problemas de salud, entre ellos enfermedad de la columna lumbar y acumulación de líquido en las rodillas. Según información fiable, ha perdido el conocimiento varias veces durante su reclusión. También informan de que sufre graves restricciones de comunicación con su familia desde mayo de 2025.

Según los informes, la esposa de Gao está sujeta a una prohibición de salida por supuestos motivos de seguridad nacional, por lo que no puede salir de China con su hijo. En agosto de 2026, Amnistía Internacional expuso el caso de Gao Zhen en una carta a los/las dirigentes de la Unión Europea en relación con la práctica de imponer la prohibición de salida del país a defensores y defensoras de los derechos humanos y a sus familiares en China.

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En reacción al arresto de un hombre chino de etnia han –el activista de derechos humanos Zhang Yi– en Lhasa (Tíbet), Sarah Brooks, directora regional adjunta de Amnistía Internacional, ha declarado:

“El arresto de Zhang Yi, tras mostrar una fotografía del Dalái Lama durante una visita a un monasterio, es un escalofriante recordatorio de lo lejos que pueden llegar las autoridades chinas para controlar el ejercicio pacífico de los derechos humanos”.

“Este caso es un ejemplo perfecto del uso indebido que desde hace largo tiempo hacen las autoridades chinas del delito de ‘incitación al separatismo’ para criminalizar la libertad de expresión pacífica en áreas tibetanas y en relación con la historia, la cultura y las creencias religiosas tibetanas”.

“Mostrar una fotografía de un líder religioso nunca debería tratarse como una amenaza a la seguridad nacional. Las autoridades chinas deben poner en libertad de inmediato a Zhang Yi, que ha sido detenido únicamente por ejercer pacíficamente sus derechos humanos”.

“Hasta entonces, deben asegurarse de que tenga acceso inmediato a sus familiares y a asistencia letrada de su elección. Además, deben protegerlo para que no sea sometido a tortura y otros malos tratos mientras esté detenido”.

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Según una notificación de arresto recibida por su familia el 5 de agosto, a la que ha tenido acceso Amnistía Internacional, Zhang Yi fue detenido formalmente el 28 de julio de 2026 como sospechoso de “incitación al separatismo” (煽动分裂国家罪). A su familia se le informó telefónicamente del arresto el 30 de julio.

La policía detuvo a Zhang Yi en Lhasa (Tíbet) el 1 de julio de 2026, cuando visitaba con su hermano menor el Monasterio de Sera. Al no poder comunicarse verbalmente con una persona que estaba orando para pedirle que le prestara una alfombra de oración, Zhang Yi le mostró una foto del Dalái Lama en su teléfono móvil. Según sus familiares en el extranjero, dos hombres vestidos de civil observaron la interacción y al parecer grabaron a Zhang Yi cuando abandonaba la zona de oración junto con su hermano, y la policía lo detuvo antes de que saliera del monasterio.

La familia de Zhang Yi recibió una Notificación de Detención Penal emitida por el Departamento de Seguridad Pública de Lhasa el 18 de julio. En ella se indicaba que Zhang Yi había sido detenido penalmente como sospechoso de “incitación al separatismo” y se encontraba recluido en el Centro de Detención de Lhasa. Las autoridades no han revelado los hechos en que se basa la acusación.

Zhang Yi fue detenido el mismo día en que entró en vigor la Ley de Unidad Étnica, el 1 de julio de 2026. Esta ley contiene disposiciones excesivamente amplias y vagamente formuladas que exigen que se fomente la “unidad étnica” y la identidad nacional compartida, y crea fundamentos jurídicos adicionales para restringir el ejercicio pacífico de los derechos humanos, incluidos los derechos a la libertad de expresión, religión o creencias, y los derechos culturales.

Amnistía Internacional ha documentado reiteradamente el uso indebido por parte de las autoridades chinas del delito de “incitación al separatismo” para procesar a personas tibetanas por ejercer pacíficamente sus derechos humanos, como por ejemplo defender la enseñanza en tibetano y expresar opiniones sobre la libertad religiosa y el Dalái Lama.

Zhang Yi es un destacado activista chino en favor de la democracia de Wuhan (provincia de Hubei). Comenzó con su activismo político durante el movimiento en favor de la democracia de la Plaza de Tiananmen en 1989.

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En respuesta a la entrada en vigor de la nueva Ley de Unidad Étnica de China el 1 de julio, Sarah Brooks, directora regional adjunta de Amnistía Internacional, ha declarado:

“Las obligaciones de las autoridades chinas en materia de derechos humanos exigen la protección de las comunidades minoritarias y sus culturas, justo lo contrario de lo que hace esta ley. En lugar de celebrar la diferencia, la ley obliga a grupos étnicos como el uigur, el tibetano y el mongol a adoptar una identidad nacional única, definida por el Estado y dominada por la cultura china han.”

“En este contexto, `unidad´ no significa armonía entre diferentes comunidades, sino alineamiento político e ideológico con el Partido Comunista Chino. En lugar de proteger la diversidad y la igualdad, la ley exige conformidad.”

“Las autoridades chinas han manifestado su intención de aplicar elementos de esta ley más allá de las fronteras de China, lo cual también resulta sumamente preocupante. Existe el peligro de que esta ley proporcione una base jurídica más sólida a prácticas ya existentes de represión transnacional, y que pueda considerarse que la defensa pacífica de los derechos de las minorías en China llevada a cabo por cualquier persona en cualquier lugar socava la `unidad étnica´.”

“Paralelamente a esto, podrían criminalizarse aún más actividades cuya realización ya conlleva un gran peligro en China, como la promoción de lenguas minoritarias, la documentación de abusos contra los derechos humanos o el trabajo de campaña en favor de la liberación de personas detenidas por expresar sus culturas, opiniones o creencias.”

“Esta ley establece un marco jurídico nacional para políticas que ya han hecho añicos los derechos de personas uigures, tibetanas y de otros grupos étnicos distintos del han. Creemos que institucionalizará aún más las políticas chinas de asimilación forzada.”

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La Ley de Unidad Étnica de China, que entrará en vigor el 1 de julio de 2026, establece la “unidad étnica” como requisito previo de ambiciosos proyectos de la cúpula del Partido Comunista Chino, como el desarrollo del Pensamiento de Xi Jinping y el “rejuvenecimiento” de una identidad política nacional compartida.

La ley, por ejemplo, prohíbe los actos que “socaven la unidad étnica o creen división étnica”, algo que, ante la amplitud y la escasa definición de estos términos, suscita el temor de una aplicación arbitraria.

En la rueda de prensa que el Consejo de Estado ofreció el 24 de junio, altos cargos confirmaron que las autoridades consideran que algunos aspectos de la ley son de aplicación más allá de las fronteras de China.

Amnistía Internacional ha documentado el uso que hace China de la represión transnacional, con prácticas tales como la vigilancia de las comunidades de la diáspora, el hostigamiento de las personas disidentes en el extranjero, la intimidación de familiares en China y los esfuerzos por presionar a otros gobiernos para que devuelvan a ciertas personas.

Casos como los del intelectual uigur Ilham Tohti, la etnógrafa uigur Rahile Dawut y el líder religioso tibetano Choktrul Dorje Ten Rinpoche son ejemplos de la cómo las políticas existentes criminalizan el trabajo académico, cultural y religioso pacífico, una tendencia que esta ley podría consolidar aún más.

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