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Por décadas, el Estado ha sido incapaz de atender las causas estructurales de la desaparición forzada en el país. La dimensión del problema requiere principalmente de una agenda de trabajo con las colectivas de personas buscadoras, principales afectadas por ese problema.

El hallazgo de fosas clandestinas en Jalisco y Tamaulipas, los días 5 y 12 de marzo, expuso en toda su magnitud y crudeza el fenómeno de la desaparición de personas en México, que es parte de la crisis de derechos humanos y de la terrible descomposición social que afectan al país. El problema existe desde hace décadas. Ha atravesado gobiernos de diferente tendencia política, que hicieron poco o nada para prevenirlo. Su dimensión actual es de 126 mil 071 personas desaparecidas, lo que implica que en el país desaparecen a diario 30 personas.

En este problema el Estado ha faltado a su deber de buscar a las personas desaparecidas o lo ha hecho con innumerables deficiencias. Quienes hacen ese trabajo son las familias de las víctimas quienes se han coordinado, especializado y formado para integrar colectivas de búsqueda. Actualmente hay en el país al menos 200 de ellas y más de 20 mil personas buscando a sus seres queridos.

El amor es el motor que las impulsa a buscar a sus familiares desaparecidos. Cumplen con esa tarea soportando amenazas de grupos criminales, que en muchos casos las obliga a un desplazamiento forzoso. A la fecha han sido asesinadas al menos 25 personas buscadoras, la última de ellas es Maleno Pérez Santes, quien buscaba a su hija Diana Paloma desde hace más de seis años. Murió el lunes 11 de marzo de 2024, luego de ser agredido por policías municipales en Poza Rica, Veracruz.

Y las agresiones continúan, como se advierte en el comunicado que Guerreros Buscadores difundió el domingo 23 de marzo. A esta situación se suma la persistente violencia institucional que las colectivas de buscadoras han denunciado hasta el cansancio, que las revictimiza, estigmatiza y se suma al tremendo desgaste físico y mental propio de las labores de búsqueda.

La falta de empatía y humanidad de las autoridades quedó a la vista de todo el mundo durante el recorrido que las autoridades permitieron realizar por el rancho Izaguirre, en Jalisco, el miércoles 19 de marzo de 2024, a personas periodistas y colectivas de búsqueda. La Fiscalía General de la República y su homóloga local fueron las grandes ausentes en el mismo. No hubo autoridad que informara a las mujeres buscadoras sobre la situación de los vestigios encontrados en ese lugar, el 5 de marzo, por el colectivo Guerreros Buscadores.

En su recorrido por el rancho, algunas mujeres buscadoras localizaron más vestigios e incluso denunciaron que algunos sitios habían sido cubiertos con cemento. No hubo autoridad en el lugar que reaccionara a ello o les informara si ya se cuenta con una carpeta de investigación. En ese nivel de abandono tampoco hubo un trabajo de contención emocional para el nivel de estrés que generó la visita en las mujeres buscadoras. La negligencia de las autoridades se puso a la luz en toda su magnitud.

Ninguna persona funcionaria ha tenido la sensibilidad para dar la cara, ofrecerles una disculpa y repararles el daño infligido en ese nefasto recorrido.

Propuesta que se queda corta

En el marco de los hallazgos referidos, la Presidenta de la República anunció el 15 de marzo una estrategia para abordar la desaparición de personas. Lo primero que notamos es que la propuesta no se consultó con las colectivas de personas buscadoras. Asunto crucial cuando éstas son las principales afectadas por el fenómeno de la desaparición. Desde Amnistía Internacional hemos advertido que sus voces son prioritarias, sus propuestas deben formar parte de estrategias diseñadas de común acuerdo. Sus derechos y exigencias deben estar en el centro de una agenda de trabajo previamente establecida.

Las señales de alerta se intensifican con su propuesta de equiparar el delito de desaparición al de secuestro. En nuestro comunicado del 20 de marzo de 2024, advertimos que, “el delito de secuestro tiene una naturaleza diferente del delito de desaparición”. Éste “no implica necesariamente una petición de rescate, busca borrar evidencias, dificulta el acceso de las víctimas a la justicia y favorece la impunidad”.

“El delito de secuestro atiende a dinámicas distintas en relación con el delito de desaparición: la desaparición puede estar ligada a la eliminación de testigos o la instauración del miedo, al reclutamiento de personas para el crimen organizado, a la trata de personas, entre otros. Aunado a ello, equiparar el delito de secuestro al de desaparición invalida el logro de familias y organizaciones que durante años lucharon por visibilizar las desapariciones forzadas. Asimismo, dicha acción invisibiliza a las víctimas e impide que se apliquen medidas adecuadas para su atención”.

El tamaño de la crisis de desaparición de personas

La dimensión del problema requiere un abordaje con énfasis en la prevención de las causas estructurales que conducen a la desaparición de personas, así como de una voluntad real para ofrecer verdad, justicia, honrar la memoria de las personas desaparecidas y garantías de no repetición, como lo exigen las colectivas de buscadoras.

La descomposición social que se vive en el país ha rebasado al Estado desde hace mucho y ha girado los reflectores internacionales hacia México. En 2001 salió a la luz el terrible descubrimiento de cuerpos de mujeres en el campo algodonero de Ciudad Juárez; en 2009, se descubrió que cientos de personas fueron disueltas en ácido por Santiago Meza, en Tijuana, Baja California; en 2010 y 2011 fueron hallados los cuerpos de personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas; en 2016 y 2022, se descubrieron fosas clandestinas en Colinas de Sante Fe y El Arbolillo, en Veracruz.

En 2014, 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, fueron desaparecidos, once años después sigue sin saberse que pasó con ellos. En 2017, en el predio conocido como la Bartolina, ubicado a tres kilómetros de Matamoros, Tamaulipas, se localizaron restos de personas, cuyo número no ha sido posible cuantificar.

El país es una fosa

A la fecha no hay certeza sobre el número total de fosas clandestinas en el país. De acuerdo con el Mapa de hallazgos de fosas clandestinas elaborado por la Secretaría de Gobernación, en el periodo 2006 a 2018 fueron “halladas” 2,835, fosas, en 293 no se contaba con entidad de hallazgo registrada. En ese periodo Tamaulipas contaba con el mayor registro de fosas: 402. Le seguía Veracruz con 324; Chihuahua, con 269; Guerrero, 260; Zacatecas 219; Sinaloa, 201 y Jalisco, 149.

Para el periodo del 1 diciembre de 2018 a 30 de abril de 2023, habían sido halladas 2 mil 863 fosas clandestinas con día mes y año del hallazgo y sólo en 4 casos se contaba con mes y año. Para este periodo Veracruz registraba 344 fosas; Colima, 308; Sinaloa, 283; Guerrero, 238; Michoacán 228; Jalisco, 176; Sonora y Guanajuato 154, respectivamente; Tamaulipas, 152; Chihuahua 146 y Zacatecas 130. El mapa es una fuente limitada de información pues no incluye datos de los años 2024 y 2025.

Cabe mencionar que la liga al mapa referido fue consultada por la equipa de Amnistía Internacional el 13 de marzo de 2025, intentos posteriores ya no fueron posibles porque al parecer fue retirada.

Otras fuentes que han buscado llenar el vacío de información sobre la magnitud del fenómeno son el informe del Sistema Universitario Jesuita de México y la Plataforma Ciudadana de Fosas, estructurada por la Ibero, Artículo 19, Data Cívica, HRDAG y Fondo Canadá.

La onda expansiva que genera la desaparición de más de 122 mil personas en el país se extiende inevitablemente a igual número de familias y es la causa de daños irreversibles en niñas, niños, esposas, padres, madres y abuelas. Es incuantificable el número de personas a las que afecta y que no reciben la atención psicoemocional que necesitan. Esta es la dimensión del problema y no se distingue en la propuesta del gobierno federal un enfoque encaminado a atender las causas estructurales que lo originan.

Fiscalías omisas, otro aspecto relevante del problema

Desde Amnistía Internacional hemos denunciado que las deficiencias en que incurren las fiscalías del país al investigar las denuncias que reciben, cualesquiera que estas sean, impiden que las personas accedan a la justicia. Los hallazgos de las fosas de Jalisco y Tamaulipas confirman esto una vez más.

Fue el propio Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien en su conferencia de medios del miércoles 19 de marzo, describió más de una decena de faltas graves cometidas por la Fiscalía del Estado de Jalisco cuando intervino el rancho Izaguirre en septiembre de 2024. Para empezar, esos errores impidieron conocer que ahí había ropa, zapatos, identificaciones y restos óseos, como si lo revelaron los hallazgos difundidos el 5 de marzo, por la colectiva Guerreros Buscadores cuando ingreso a lugar mencionado.

Entre los errores señalados por Gertz Manero, están que no se inspeccionó el lugar de manera exhaustiva; no identificó huellas dactilares; a seis meses de la intervención del lugar en septiembre de 2024, los servicios periciales aún no cuentan con un dictamen definitivo que establezca con precisión la identidad y la antigüedad de los restos encontrados; no cuenta con análisis físicos y químicos que permitan determinar actividades crematorias en el sitio. El fiscal dejó establecido que el inmueble quedó en abandono y sin ninguna protección a pesar de que se hallaba asegurado por el Ministerio Público local.

Amnistía Internacional ha denunciado esas fallas de tipo estructural desde hace más de 30 años en informes como Muertes Intolerables, publicado en 2003, relacionado con los feminicidios de mujeres registrados en Ciudad Juárez y Chihuahua; en el informe México: Un trato de indolencia, de 2016; en Como anillo al dedo, del 3 de diciembre de 2020 y en Juicio a la Justicia, relacionado con feminicidios precedidos de desaparición, publicado en septiembre de 2021. Nuestras recomendaciones para atender esas deficiencias están referidas en cada uno de estos informes.

Mientras éstas no se resuelvan las fiscalías seguirán siendo generadoras de la impunidad, lo que impide a las personas acceder verdad, memoria, justicia, reparación integral del daño y garantías de no repetición permanentes.

En torno a los hallazgos de Jalisco y Tamaulipas, la información que han brindado las autoridades hasta ahora es confusa, atomizada y se ha centrado en identificar personas que podrían haber estado involucradas. Frente al horror de los hallazgos y el maltrato institucional que han vivido las colectivas de buscadoras, las autoridades deben asumir su responsabilidad de realizar una investigación profesional y apegada a los más altos estándares internacionales, que esclarezca lo que ocurrió en esos lugares y abra paso a la verdad y a la justicia.

Para garantizar la legitimidad y credibilidad de las investigaciones en curso, es indispensable generar condiciones para la participación activa de las colectivas de búsqueda, especialmente de las que hicieron el trabajo que sacó a la luz estos hallazgos. Lo mismo debe suceder en tantos otros casos pendientes de solución. Sin la participación de las víctimas, la duda y la desconfianza privarán sobre las evidencias. Pero, además, esos hechos deben dar paso a una estrategia que aborde las causas estructurales que dan origen a la desaparición forzada en nuestro país y ponga en el centro las demandas de las colectivas de búsqueda.

Ya es tiempo de dar un enfoque integral al problema de la desaparición de personas en el país, ya es tiempo de que el Estado las busque, ya es tiempo de que se haga justicia a las familias de las víctimas de desaparición, ya es tiempo de que se les devuelva la paz que algún día tuvieron, ya es tiempo de que se encuentren caminos para que las familias puedan cerrar los duelos que han llevado a cuestas por décadas.

Texto originalmente publicado en Animal Político.

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