Etiqueta: Violencia contra las Mujeres

  • Sobrevivir a la Muerte: Tortura de Mujeres por Policías y Fuerzas Armadas en México

    Sobrevivir a la Muerte: Tortura de Mujeres por Policías y Fuerzas Armadas en México

    La tortura se ha generalizado por la llamada “guerra contra las drogas” en México. En este marco, el impacto en las mujeres ha sido ignorado o minimizado. Este informe analiza las historias de 100 mujeres que han denunciado torturas y otras formas de violencia durante su arresto y el interrogatorio de la policía y las fuerzas armadas.

    Golpes severos; amenazas de violación contra las mujeres y sus familias; semi-asfixia, descargas eléctricas en los genitales; manoseo de los senos y pellizcos de los pezones; y violaciones con objetos, dedos, armas de fuego y el pene son solo algunas de las formas de violencia infligidas a las mujeres, en muchos casos con la intención de lograr una “confesión” de delitos graves.

    ¡Descarga nuestro informe Sobrevivir a la Muerte: Tortura de Mujeres por Policías y Fuerzas Armadas en México y conoce la situación!

  • Desafiar al poder, combatir la discriminación

    Desafiar al poder, combatir la discriminación

    Han pasado más de 20 años desde que en la Asamblea General de las Naciones Unidas los Estados adoptaron por Consenso la Declaración de la ONU sobre los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, 2 y 6 años desde que se comprometieron a aumentar la protección de las defensoras de los derechos humanos y de las personas defensoras de los derechos de la mujer (WHRD, por sus siglas en inglés) mediante la adopción de una resolución específica sobre dicha cuestión.

    A pesar de estos compromisos formales, los Estados siguen sin cumplir su deber de reconocer a todas las WHRD sin discriminación y de protegerlas mediante la provisión de un entorno seguro y propicio en el que puedan actuar con libertad y sin temor a sufrir represalias. En todo el mundo hay Estados que están ignorando y/o debilitando dichos compromisos a través de su inacción y mediante amenazas y ataques contra WHRD y sus personas allegadas.

    El presente informe resume los desafíos clave que afectan a las WHRD documentados durante los últimos años por Amnistía Internacional en todo el mundo, e incluye aportaciones recopiladas mediante entrevistas a 23 WHRD de 21 países en todos los continentes entre febrero y abril de 2019. Todas las personas entrevistadas insistieron en que se necesitan urgentemente más acciones para poder continuar con su crucial labor de derechos humanos en un entorno sin violencia, intimidación ni hostigamiento.

    El informe termina con una serie de recomendaciones que deben aplicarse con urgencia, en particular por parte de los Estados, que son los principales responsables de garantizar un entorno seguro y propicio para las WHRD; con todo, hay poderosos actores no estatales, por ejemplo dirigentes de empresas y lideresas y líderes comunitarios, así como donantes, instituciones financieras y organismos intergubernamentales, que deben también adoptar medidas proactivas para abordar la situación de violencia, desigualdad, discriminación y exclusión que afrontan las WHRD.

  • México: Amnistía Internacional alerta sobre la falta de avances en derechos humanos después de un año del nuevo gobierno

    México: Amnistía Internacional alerta sobre la falta de avances en derechos humanos después de un año del nuevo gobierno

    A casi un año de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente, su gobierno ha mostrado pocos avances substanciales para resolver la crisis de derechos humanos en México, dijo Amnistía Internacional hoy al presentar un balance sobre algunos de los temas más relevantes en la agenda nacional, en el informe  “Cuando las Palabras No Bastan”.

    “El gobierno del presidente López Obrador ha mostrado voluntad por avanzar parcialmente en algunas iniciativas, sobre todo en el tema de desapariciones en el país. Sin embargo, después de un año de su gobierno, no se observan cambios substanciales en la vida de millones de personas que enfrentan una gravísima crisis en materia de derechos humanos que se ha prolongado por más de una década. Los altísimos niveles de violencia que atentan contra el derecho a la vida, la tortura que aún es generalizada, los alarmantes índices de violencia contra las mujeres, y una estrategia de seguridad militarizada más viva que nunca, son una muestra de la trágica realidad en México,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

    En agosto, el gobierno anunció un paso positivo al confirmar que México reconocería la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU para revisar las comunicaciones sobre casos individuales, dando así solución a una de las reiteradas demandas de familiares de personas desaparecidas y de las organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, esta medida aún no ha sido implementada.

    “Vemos una incongruencia abismal entre lo que el gobierno dice y lo que luego hace. Promete un trato más humano a las personas migrantes y en necesidad de protección internacional, pero manda a la Guardia Nacional a perseguirles y detenerles. Dice que protegerá a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pero les desacredita públicamente. Es preocupante que las violaciones de derechos humanos sigan siendo la regla en México y no la excepción”, añadió Erika Guevara Rosas.

    El gobierno del presidente López Obrador no se ha alejado sustancialmente de la estrategia de seguridad altamente militarizada de sus predecesores, se ha negado a reconocer a la tortura como práctica generalizada y ha endurecido la gestión migratoria del país. Asimismo, ha restringido indebidamente y puesto en riesgo el ejercicio de la libertad de reunión pacífica y ha estigmatizado consistentemente a periodistas y a las organizaciones de la sociedad civil que han criticado sus políticas, manteniendo un ambiente hostil en contra de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos y sus organizaciones.

    Por otra parte, la violencia por motivos de género contra las mujeres y las niñas sigue siendo generalizada en México. Las políticas estatales y los avances legislativos han sido insuficientes para atender el creciente número de homicidios, desapariciones y otras graves violaciones a los derechos humanos en contra de mujeres y niñas en todo el país. A pesar de que el gobierno dio un paso positivo en septiembre, cuando presentó una iniciativa de ley que preveía una amnistía para mujeres que hubieran abortado, aún falta mucho por garantizar los derechos sexuales y reproductivos en todo el país.

    “Aún quedan muchos pendientes en materia de violencia de género. El más urgente de ellos es erradicar los feminicidios. De enero hasta el 30 de septiembre de este año, se reportaron 748 víctimas de feminicidio en México, con un promedio mensual de casos al alza. No se distinguen, ni en el corto, ni en el mediano plazo, medidas concretas que permitan superar la renuencia a investigar de manera correcta los casos de feminicidio y acabar con la impunidad”, declaró Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.

    Amnistía Internacional considera que, para poder lograr un cambio sustancial en derechos humanos, el gobierno tiene que dejar de culpar a las administraciones anteriores de la situación y, en su lugar, aceptar la responsabilidad de lo que sucede en el presente y buscar soluciones para atender las graves deudas pendientes en la materia, asegurándose que cualquier política de la actual administración tenga a los derechos humanos y sus obligaciones internacionales como un eje fundamental.

    Algunas de las recomendaciones que hace la organización al gobierno del presidente López Obrador incluyen desmilitarizar la Guardia Nacional; desarrollar una política pública integral de prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas con enfoque colectivo y comunitario; poner fin a las prácticas ilegales de devolución de migrantes en situación irregular, asegurando el acceso al asilo para personas cuya vida está en riesgo; y llevar a cabo investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre los asesinatos de mujeres por motivos de género.

    Otros temas que el gobierno debe abordar de forma urgente incluyen los derechos de los pueblos indígenas y la protección de sus territorios, la situación de violencia que enfrentan las personas LGBTI, el acceso a derechos sexuales y reproductivos, y el ejercicio de derechos sociales y económicos.

    “El gobierno del presidente López Obrador tiene un mandato robusto y una oportunidad histórica para cambiar el rumbo del país. Le urgimos a asumir el reto de establecer una nueva etapa en la historia del país de respeto para los derechos humanos de todas las personas”, dijo Tania Reneaum Panszi.

    Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con:

    Alejandro Juárez (Amnistía Internacional México): +52 55 3121 9146, prensa@amnistia.org.mx

    Duncan Tucker (Amnistía Internacional Américas): +52 55 4848 8266, duncan.tucker@amnesty.org

    Más información:

    Cuando las palabras no bastan (Investigación, 27 de noviembre de 2019) https://www.amnesty.org/es/documents/amr41/1126/2019/es/

    México: A casi un año del nuevo gobierno, las familias de Ayotzinapa siguen esperando justicia (Noticias, 24 de septiembre de 2019) https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/09/mexico-familias-de-ayotzinapa-siguen-esperando-justicia/

    México: Gobierno de López Obrador debe poner como prioridad los derechos humanos (Noticias, 12 de marzo de 2019) https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/03/mexico-gobierno-de-lopez-obrador-debe-poner-como-prioridad-los-derechos-humanos/

  • Riesgo de detención masiva de solicitantes de asilo

    Riesgo de detención masiva de solicitantes de asilo

    Simultáneamente a las negociaciones entre Estados Unidos y México sobre posibles aranceles a productos mexicanos, cientos de personas migrantes y solicitantes de asilo fueron detenidas en la frontera sur de México, cerca de Metapa, en el estado de Chiapas. El 5 de junio, unas 400 personas fueron detenidas por agentes de migración mexicanos y miembros de la Guardia Nacional. A estas personas las llevaron a un centro de detención ya de por sí saturado, y a muchas las deportaron al día siguiente sin explicarles adecuadamente su derecho a pedir asilo o explorar otras opciones migratorias en México. El 6 de junio, el gobierno anunció el despliegue de 6.000 miembros de la Guardia Nacional en la frontera sur de México.

    ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN ESTA CARTA MODELO

    Dra. Olga Sánchez Cordero

    Secretaria de Gobernación
    Calle Abraham González No. 48 Col. Juárez,
    Cuauhtémoc. Ciudad de México, C. P. 06600 MÉXICO
    Twitter: @SEGOB_mx @M_OlgaSCordero
    Mail: secretario@segob.gob.mx

    Sra. Secretaria Sánchez Cordero

    Me dirijo a usted en relación con la inquietante situación en la frontera sur de México, incluida la detención masiva de 400 personas migrantes y solicitantes de asilo el 5 de junio, y el anuncio del despliegue de 6.000 miembros de la Guardia Nacional.

    La detención masiva de migrantes y solicitantes de asilo sin una evaluación previa individualizada viola el derecho internacional. Estas detenciones y expulsiones aceleradas socavan el derecho de las personas que huyen de su país a buscar protección internacional, y también su derecho al debido proceso. Asimismo, la devolución de personas a territorios en los que su vida o su seguridad pueden correr peligro viola el derecho internacional.

    Estas medidas ponen a familias y niños y niñas migrantes en un grave peligro, y no impedirán que huyan de sus países. La insto a impedir de inmediato las detenciones arbitrarias de migrantes y solicitantes de asilo, a garantizar que no se detiene en ningún caso a niños o niñas, y a sustituir el despliegue de la Guardia Nacional por una respuesta humanitaria que evalúe individualmente las necesidades de las personas que entran en México.

    Atentamente,
    [NOMBRE]

    INFORMACIÓN ADICIONAL
    El 30 de mayo de 2019, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que su país impondría un arancel del 5% a todos los productos procedentes de México, a menos que disminuyera el flujo de migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos. Esto provocó una serie de negociaciones bilaterales que continúan hasta la fecha, en las que Estados Unidos sigue amenazando con incrementar los aranceles en los próximos meses si el flujo de migrantes en la frontera de Estados Unidos con México no disminuye.

    En los días que siguieron al anuncio del presidente, las autoridades mexicanas han implementado una serie de medidas destinadas a disuadir a migrantes y solicitantes de asilo de entrar por la frontera sur de México; esas medidas incluyen la detención masiva y la deportación de al menos 400 migrantes, lo cual es contrario tanto a la legislación mexicana como al derecho internacional. El 5 de junio, miembros del Instituto Nacional de Migración (INM), la Policía Federal y la Guardia Nacional detuvieron a un grupo de unas 400 personas migrantes y solicitantes de asilo que caminaban pacíficamente por la carretera cerca de Metapa, Chiapas. En el grupo había familias, adolescentes, bebés y niños y niñas pequeños, algunos con permiso de residencia en México y otros sin papeles. Muchas de estas personas procedían de Honduras y otros países centroamericanos. Según la información recibida por Amnistía Internacional, subieron a estas personas a autobuses y las llevaron a la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas.

    Amnistía Internacional ha recibido información basada en testimonios de personas detenidas en esta operación, en la que se detalla que las tuvieron en los autobuses en el aparcamiento de la Estación Migratoria durante al menos ocho horas sin comida ni agua, sólo para ponerlas bajo custodia en la Estación Migratoria, que ya estaba saturada. Esto resulta especialmente inquietante por los cientos de niños, niñas y bebés que corren peligro de ser detenidos en condiciones que pondrían su salud física y mental en grave peligro y violarían las leyes mexicanas que prohíben detener a menores en centros para migrantes.

    Estas tácticas de mano dura vienen a sumarse a una serie de respuestas cada vez más duras a las miles de personas migrantes y solicitantes de asilo en la frontera sur de México en las últimas semanas, que han incluido mantener a las personas solicitantes de asilo detenidas durante meses en celdas concebidas para estancias de 48 horas y deportaciones aceleradas sin permitir que las personas migrantes accedan a asistencia letrada o conozcan adecuadamente sus derechos.

    El 6 de junio, el gobierno mexicano anunció que las tácticas de mano dura continuarán con el despliegue de 6.000 agentes de la Guardia Nacional en su frontera sur para responder a la entrada de migrantes y solicitantes de asilo.

    Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se calcula que entre 400.000 y 500.000 personas entran irregularmente por la frontera sur de México cada año, y que al menos la mitad de ellas podría necesitar protección internacional en calidad de refugiadas. Muchas de estas personas proceden de El Salvador, Honduras y Guatemala, algunos de los países más peligrosos del mundo. Huyen a causa de las situaciones de violencia y falta de protección gubernamental en sus países.

    PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Español o inglés
    ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 30 de junio de 2019
    NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Solicitantes de asilo en riesgo de detención masiva [no aplicable]
    ENLACE A LA AU ANTERIOR: n/a