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Etiqueta: Internacional

  • Desafiar al poder, combatir la discriminación

    Desafiar al poder, combatir la discriminación

    Han pasado más de 20 años desde que en la Asamblea General de las Naciones Unidas los Estados adoptaron por Consenso la Declaración de la ONU sobre los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, 2 y 6 años desde que se comprometieron a aumentar la protección de las defensoras de los derechos humanos y de las personas defensoras de los derechos de la mujer (WHRD, por sus siglas en inglés) mediante la adopción de una resolución específica sobre dicha cuestión.

    A pesar de estos compromisos formales, los Estados siguen sin cumplir su deber de reconocer a todas las WHRD sin discriminación y de protegerlas mediante la provisión de un entorno seguro y propicio en el que puedan actuar con libertad y sin temor a sufrir represalias. En todo el mundo hay Estados que están ignorando y/o debilitando dichos compromisos a través de su inacción y mediante amenazas y ataques contra WHRD y sus personas allegadas.

    El presente informe resume los desafíos clave que afectan a las WHRD documentados durante los últimos años por Amnistía Internacional en todo el mundo, e incluye aportaciones recopiladas mediante entrevistas a 23 WHRD de 21 países en todos los continentes entre febrero y abril de 2019. Todas las personas entrevistadas insistieron en que se necesitan urgentemente más acciones para poder continuar con su crucial labor de derechos humanos en un entorno sin violencia, intimidación ni hostigamiento.

    El informe termina con una serie de recomendaciones que deben aplicarse con urgencia, en particular por parte de los Estados, que son los principales responsables de garantizar un entorno seguro y propicio para las WHRD; con todo, hay poderosos actores no estatales, por ejemplo dirigentes de empresas y lideresas y líderes comunitarios, así como donantes, instituciones financieras y organismos intergubernamentales, que deben también adoptar medidas proactivas para abordar la situación de violencia, desigualdad, discriminación y exclusión que afrontan las WHRD.

  • Obstaculización del acceso de organizaciones de derechos humanos a estaciones migratorias

    Obstaculización del acceso de organizaciones de derechos humanos a estaciones migratorias

    La liberación de una mujer a la que han obligado a pasar un decenio entre rejas en El Salvador tras haber sufrido complicaciones del embarazo que provocaron que diera a luz a un bebé muerto debe abrir la puerta al final de la extrema legislación del país contra el aborto. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

    Teodora del Carmen Vásquez fue puesta en libertad el jueves después de que un tribunal redujera su condena, pero al menos 27 mujeres permanecen encarceladas a causa de la prohibición total del aborto, según las organizaciones que defienden los derechos humanos de las mujeres en el país.

    “Resulta alentador ver a Teodora salir de la cárcel —donde nunca debió haber estado, para empezar—, pero El Salvador aún está lejos de garantizar plenamente los derechos de las mujeres y las niñas en el país”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

    “Las autoridades de El Salvador deben derogar urgentemente esta indignante prohibición del aborto, que ha creado un contexto generalizado de discriminación, dolor e injusticia.”

    En El Salvador, las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto, prohibido en todas las circunstancias. Los fiscales suelen acusarlas de “homicidio” o incluso “homicidio agravado”, que entraña una pena de hasta 50 años de prisión.

    Teodora dio a luz a un bebé muerto en 2007, después de sentir unos dolores repentinos y muy fuertes mientras estaba trabajando. La policía la detuvo mientras yacía en un charco de sangre. Posteriormente fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado en un juicio enturbiado por las irregularidades.

    El Ministerio de Justicia de El Salvador finalmente conmutó la condena de Teodora, pero no anuló la declaración de culpabilidad ni reconoció su inocencia. Los abogados de Teodora tienen intención de limpiar su nombre y pedir indemnización y reparación por los 10 años que ha pasado entre rejas.

    Al menos otras 27 mujeres continúan encarceladas en virtud de las draconianas leyes salvadoreñas sobre el aborto. Las castigadas proceden, de manera desproporcionada, de entornos empobrecidos, en los que apenas tienen acceso a educación, atención médica o justicia. En su informe de 2014 “Al borde de la muerte”, Amnistía Internacional concluyó también que, en los casos documentados, se había violado el derecho a un juicio justo y a la igualdad ante la ley.

    Amnistía Internacional pide una suspensión inmediata de la aplicación de la ley sobre el aborto, tal como recomendó el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer el 3 de marzo de 2017, con el objetivo de lograr la despenalización total del aborto, la libertad inmediata e incondicional de todas las mujeres encarceladas por cargos relativos a complicaciones del embarazo, y que se garantice a las mujeres acceso a un aborto seguro y legal, como mínimo, cuando su vida o su salud física o mental corran peligro, o en casos de violación, incesto o malformación mortal del feto.

  • México: Amnistía Internacional alerta sobre la falta de avances en derechos humanos después de un año del nuevo gobierno

    México: Amnistía Internacional alerta sobre la falta de avances en derechos humanos después de un año del nuevo gobierno

    A casi un año de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente, su gobierno ha mostrado pocos avances substanciales para resolver la crisis de derechos humanos en México, dijo Amnistía Internacional hoy al presentar un balance sobre algunos de los temas más relevantes en la agenda nacional, en el informe  “Cuando las Palabras No Bastan”.

    “El gobierno del presidente López Obrador ha mostrado voluntad por avanzar parcialmente en algunas iniciativas, sobre todo en el tema de desapariciones en el país. Sin embargo, después de un año de su gobierno, no se observan cambios substanciales en la vida de millones de personas que enfrentan una gravísima crisis en materia de derechos humanos que se ha prolongado por más de una década. Los altísimos niveles de violencia que atentan contra el derecho a la vida, la tortura que aún es generalizada, los alarmantes índices de violencia contra las mujeres, y una estrategia de seguridad militarizada más viva que nunca, son una muestra de la trágica realidad en México,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

    En agosto, el gobierno anunció un paso positivo al confirmar que México reconocería la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU para revisar las comunicaciones sobre casos individuales, dando así solución a una de las reiteradas demandas de familiares de personas desaparecidas y de las organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, esta medida aún no ha sido implementada.

    “Vemos una incongruencia abismal entre lo que el gobierno dice y lo que luego hace. Promete un trato más humano a las personas migrantes y en necesidad de protección internacional, pero manda a la Guardia Nacional a perseguirles y detenerles. Dice que protegerá a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pero les desacredita públicamente. Es preocupante que las violaciones de derechos humanos sigan siendo la regla en México y no la excepción”, añadió Erika Guevara Rosas.

    El gobierno del presidente López Obrador no se ha alejado sustancialmente de la estrategia de seguridad altamente militarizada de sus predecesores, se ha negado a reconocer a la tortura como práctica generalizada y ha endurecido la gestión migratoria del país. Asimismo, ha restringido indebidamente y puesto en riesgo el ejercicio de la libertad de reunión pacífica y ha estigmatizado consistentemente a periodistas y a las organizaciones de la sociedad civil que han criticado sus políticas, manteniendo un ambiente hostil en contra de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos y sus organizaciones.

    Por otra parte, la violencia por motivos de género contra las mujeres y las niñas sigue siendo generalizada en México. Las políticas estatales y los avances legislativos han sido insuficientes para atender el creciente número de homicidios, desapariciones y otras graves violaciones a los derechos humanos en contra de mujeres y niñas en todo el país. A pesar de que el gobierno dio un paso positivo en septiembre, cuando presentó una iniciativa de ley que preveía una amnistía para mujeres que hubieran abortado, aún falta mucho por garantizar los derechos sexuales y reproductivos en todo el país.

    “Aún quedan muchos pendientes en materia de violencia de género. El más urgente de ellos es erradicar los feminicidios. De enero hasta el 30 de septiembre de este año, se reportaron 748 víctimas de feminicidio en México, con un promedio mensual de casos al alza. No se distinguen, ni en el corto, ni en el mediano plazo, medidas concretas que permitan superar la renuencia a investigar de manera correcta los casos de feminicidio y acabar con la impunidad”, declaró Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.

    Amnistía Internacional considera que, para poder lograr un cambio sustancial en derechos humanos, el gobierno tiene que dejar de culpar a las administraciones anteriores de la situación y, en su lugar, aceptar la responsabilidad de lo que sucede en el presente y buscar soluciones para atender las graves deudas pendientes en la materia, asegurándose que cualquier política de la actual administración tenga a los derechos humanos y sus obligaciones internacionales como un eje fundamental.

    Algunas de las recomendaciones que hace la organización al gobierno del presidente López Obrador incluyen desmilitarizar la Guardia Nacional; desarrollar una política pública integral de prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas con enfoque colectivo y comunitario; poner fin a las prácticas ilegales de devolución de migrantes en situación irregular, asegurando el acceso al asilo para personas cuya vida está en riesgo; y llevar a cabo investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre los asesinatos de mujeres por motivos de género.

    Otros temas que el gobierno debe abordar de forma urgente incluyen los derechos de los pueblos indígenas y la protección de sus territorios, la situación de violencia que enfrentan las personas LGBTI, el acceso a derechos sexuales y reproductivos, y el ejercicio de derechos sociales y económicos.

    “El gobierno del presidente López Obrador tiene un mandato robusto y una oportunidad histórica para cambiar el rumbo del país. Le urgimos a asumir el reto de establecer una nueva etapa en la historia del país de respeto para los derechos humanos de todas las personas”, dijo Tania Reneaum Panszi.

    Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con:

    Alejandro Juárez (Amnistía Internacional México): +52 55 3121 9146, prensa@amnistia.org.mx

    Duncan Tucker (Amnistía Internacional Américas): +52 55 4848 8266, duncan.tucker@amnesty.org

    Más información:

    Cuando las palabras no bastan (Investigación, 27 de noviembre de 2019) https://www.amnesty.org/es/documents/amr41/1126/2019/es/

    México: A casi un año del nuevo gobierno, las familias de Ayotzinapa siguen esperando justicia (Noticias, 24 de septiembre de 2019) https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/09/mexico-familias-de-ayotzinapa-siguen-esperando-justicia/

    México: Gobierno de López Obrador debe poner como prioridad los derechos humanos (Noticias, 12 de marzo de 2019) https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/03/mexico-gobierno-de-lopez-obrador-debe-poner-como-prioridad-los-derechos-humanos/